Las Tunas.-Más allá del carácter profiláctico y persuasivo con el cual se ha venido implementando la resolución 93 del Ministerio del Comercio Interior, que obliga a todos los actores económicos a poseer uno de los canales digitales de pago, en Las Tunas ya se han aplicado las primeras medidas que incluyen la más severa para estos casos.

A tres establecimientos de igual cantidad de mipymes en el municipio Las Tunas se les han cancelado la licencia comercial hasta la fecha, además de aplicárseles lo que establece el Decreto Ley número 184, se conoció durante la última reunión de trabajo del grupo provincial creado para la implementación del proceso de bancarización.

A otro importante número de actores económicos tanto estatales como privados se les ha aplicado la contravención que establece esta norma jurídica, informó ante el grupo Yovanis Montero Pérez Director de la filial del registro central comercial en Las Tunas.

Desde que el pasado dos de febrero entró en vigor la Resolución 93 para que todos los establecimientos que hoy realizan actividades comerciales cumplan con el requisito de contar al menos con un canal de pago electrónico, en la provincia de Las Tunas se ha venido chequeando por los organismos encargados la efectividad de la norma jurídica.

Luego de un primer período de persuasión, de visitas e intercambios fundamentalmente con los nuevos actores económicos en la actualidad se pasa a un estadio superior en el cual si bien se mantendrá el carácter profiláctico no se dejará de aplicar la rigurosidad a quienes se empeñen en no cumplir lo legislado, se enfatizó en esta reunión de trabajo.

Para concretar lo que se persigue con esta y otras resoluciones quedó creado un grupo provincial de asesoría a los nuevos actores económicos con un enfoque preventivo y de articulación que tendrá como objetivo además lograr el correcto funcionamiento de cada uno de ellos.

Este grupo además de asesorar a los órganos del poder popular monitoreará los modos de actuación de estos nuevos actores económicos y realizará intercambios de trabajo para la preparación en temas contables, tributarios y fiscales, en materia bancaria, jurídica, medioambiental y otros a fines.